Oscurantismo político. Evitan difundir detalles y argumentos de decisión adoptada en otra sesión de la Junta de Fiscales Supremos, con relación al bloqueo para que Delia Espinoza asuma sus funciones como nueva fiscal suprema.
La gestión de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, va dejando en evidencia un patrón de comportamiento asociado al secretismo. Primero fue el audio reportado como borrado de la sesión de la Junta de Fiscales Supremos de mayo, cuando hubo un diálogo acalorado con Zoraida Ávalos. Lo que viene a continuación es un segundo caso de ocultamiento de información, sobre hechos relacionados con el bloqueo para que la abogada Delia Espinoza asuma sus funciones como fiscal suprema.
El caso se remonta a noviembre y diciembre del 2022, y la actitud poco transparente de la gestión de Patricia Benavides ya ha generado una sentencia en primera instancia del Poder Judicial, que ordena la entrega de la información denegada.
Un acuerdo sin firmas
El 2 de noviembre del 2022, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomó juramento de la abogada Delia Espinoza Valenzuela como nueva fiscal suprema.
Al día siguiente, el 3 de noviembre, Espinoza participó en la Junta de Fiscales Supremos. Fue entonces que Patricia Benavides le dio cuenta de un supuesto informe que impedía que pueda asumir el cargo de fiscal suprema.
El caso fue sometido a votación y la mayoría de la Junta de Fiscales Supremos decidió designarla como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Debido a este acuerdo, Delia Espinoza hasta hoy sigue en el ente electoral, sin ejercer sus funciones de fiscal suprema.
El acta de este acuerdo, sin embargo, no existe. Pues el borrador del documento no contenía información fidedigna de lo que había ocurrido en la sesión. La votación fue tres a uno, pero el texto hacía alusión a un acuerdo “por unanimidad”.
Fue por esta contradicción que la fiscal suprema Delia Espinoza nunca firmó dicha acta. Al contrario, presentó un recurso de reconsideración contra el polémico acuerdo del 3 de noviembre.
Sobre la marcha, la Junta de Fiscales Supremos sesionó en forma extraordinaria el 8 de noviembre y declaró infundado el pedido de Delia Espinoza.
Sin embargo, se desconocen los argumentos y las motivaciones que sustentan esta decisión. Tampoco se conoce el detalle de la votación. Solo le informaron que fue por mayoría. Y es aquí que surge el secretismo.
“Confidencial”
Delia Espinoza solicitó formalmente copia de las actas del 8 de noviembre, con el fin de conocer los argumentos de la Junta de Fiscales Supremos para rechazar su reconsideración.
El 5 de diciembre sesionó de nuevo la Junta de Fiscales Supremos, bajo la conducción de Patricia Benavides, y el acuerdo fue que las actas de las sesiones “contienen información como recomendaciones y opiniones que surgen del propio debate”, y por ello mantienen un “carácter de confidencial”.
A Delia Espinoza solo le alcanzaron un oficio de una página con la mención general del acuerdo, de apenas un párrafo; tal como consta en la copia que llegó hasta el Poder Judicial.
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